La vista pública fue liderada por la Comisión de Turismo y contó con la participación de múltiples organizaciones y agencias gubernamentales asociadas a esta industria
La Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes realizó hoy, miércoles una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara (PC) 1557 que busca regular la industria de alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico y con miras a limitar estos alojamientos en zonas residenciales.
De acuerdo con la medida, el propietario de un alojamiento localizado en una zona residencial podrá utilizar hasta un 30% de la unidad para esos fines. Si el STR excede dicha cantidad, tendrá que obtener una variación de uso residencial por parte de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe).
Hasta el momento, los STR solo están regulados por el Reglamento de Hospederías de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR). El documento exige 15 documentos, entre los que se destaca el registro de sus dueños como hosteleros y que remitan el pago del impuesto por ocupación, mejor conocido como ‘’room tax’’.
Actualmente, de acuerdo con la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHT), el Centro para la Nueva Economía (CNE) realizó un estudio que refleja que entre el 2014 y 2020, existían 11,500 anfitriones que enlistaron 25,000 propiedades dedicadas a los STR. Sin embargo, según otro estudio de Abexus Analytics y Estudios Técnicos publicado en el 2022, señala que en la Isla existen unas 30,000 propiedades dedicadas a la industria y que, de estas, unas 4,600 se ubican en San Juan.
‘’Esto es una medida en la cual aún estamos en un proceso de recoger ideas para realizar una buena legislación. No hay nada escrito en piedra y queremos escuchar las recomendaciones de todos los sectores para provocar una discusión sobre una modalidad que ha impactado a la industria del turismo de forma considerable’’, expresó el presidente de la Comisión, José ‘’Cheito’’ Rivera Madera.
A la audiencia pública compareció Carlos Muñoz, director de políticas públicas y comunicaciones de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, la CTPR, PRHT, Foundation for Puerto Rico (FPR) y la Asociación de Realtors de Puerto Rico.
Airbnb se opone a la medida
Durante los trabajos, Muñoz se opuso a la medida y expuso que la principal preocupación de la compañía respecto al proyecto está en la sección 5 de la medida. ‘’Este artículo establece una limitación en zonas residenciales a solo el 30% de la unidad si no cuentan con una variación de uso de residencial a comercial por parte de la OGPe. En caso de que este artículo se mantenga, podría afectar a miles de boricuas que al día de hoy dependen de la renta de sus hogares para obtener ingresos extras’’.
‘’Esta limitación también reducirá el inventario de alojamientos a corto plazo en la Isla y por consiguiente la derrama económica impactando a otros sectores como restaurantes, transporte y entretenimiento’’, agregó.
Asimismo, el Director de Políticas Públicas de Airbnb destacó que según un estudio de Oxford Economics, los huéspedes que utilizaron Airbnb en Puerto Rico generaron $1.7 billones de gastos y proyectan que esa cifra aumente a $8 billones para el 2025.
Muñoz mencionó que desde 2017 al presente, Airbnb ha retenido y pagado a la CTPR $60 millones por concepto del pago del Impuesto sobre el canon de ocupación de habitación (room tax).
‘’Este proyecto es un buen punto de partida para el crecimiento económico en la Isla pero, lamentablemente, incluye algunas provisiones que pudieran tener un impacto devastador sobre el sector turístico de la Isla y que pudiera eliminar una fuente generadora de visitantes turísticos, entradas económicas de miles de ciudadanos y millones de dólares de ingresos públicos de los cuales dependen la CTPR y Discover Puerto Rico’’, expresó Muñoz.
Puerto Rico es actualmente el territorio más hospitalario en Airbnb mundialmente con un (41%) del total de anfitriones,superando a los Estados Unidos con (34%), Corea (30%), Reino Unido (28%) y Canadá (26%).
CTPR cuenta con un solo auditor
De otro lado, Walbert Pabón González, director de planificación y desarrollo de la CTPR levantó bandera sobre la enmienda propuesta en torno a clasificar las plataformas como ‘’cualificadas’’ y ‘’no cualificadas. «Esto le brindaría a la plataforma la discreción de entrar o no a un acuerdo para la retención y el pago del canon a la CTPR. A nuestro juicio, la CTPR estaría renunciando a una herramienta que tiene actualmente para fiscalizar y recaudar el canon. Exponemos que no debe alterarse el estado de derecho actual en el que no se distingue entre plataformas y todas tienen la obligación de retener y remitir a la CTPR el canon’’.
Del mismo modo, Pabón González confirmó que cuentan con un solo auditor para trabajar con 5,167 casos de STR.
‘’Este número claramente ya puede estar duplicado y nos encontramos en un proceso para aumentar la plantilla, por lo que estamos en la búsqueda de nuevos recursos’’, afirmó.
Se expresa la UPR y Foundation for Puerto Rico
Por su parte, Raúl Santiago Bartolomei, catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) resaltó que los STR han fomentado la gentrificación y el desplazamiento residencial en las comunidades.
Igualmente, Santiago Bartolomei indicó que ‘’nuestros hallazgos muestran que para atender los efectos de alquiler a corto plazo en la asequibilidad de vivienda, Puerto Rico necesita un marco reglamentario que va más allá de lo que se está implantando actualmente y de lo que provee el P. de la C. 1557’’.
‘’Reglamentar los alquileres no van a resolver la crisis de vivienda por la que atraviesa Puerto Rico, pues los detonantes de la misma son estructurales y llevan manifestándose por décadas y conlleva implementar medidas complementarias, pero diferentes y orientadas a alcanzar dos metas particulares: evitar el desplazamiento de residentes y aumentar el acervo de vivienda social y asequible. Este proyecto va en la dirección correcta, pero de aprobarse con el lenguaje actual, Puerto Rico tendría uno de los esquemas reglamentarios más tímidos y limitados entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos’’, añadió.
Por otro lado, Alan Taveras, director de desarrollo y mercadeo de Foundation for Puerto Rico (FPR) sugirió que se aclare el término de anfitrión, la eliminación de la sección 5 de la medida y que se divulguen datos y estadísticas de los alquileres a corto plazo.
‘’La disponibilidad de alojamiento a corto plazo ha creado un camino para una sólida recuperación económica en regiones económicamente deprimidas de la Isla. Aquí la importancia de que esta industria continúe en desarrollo siempre considerando el bienestar de las comunidades’’, dijo Taveras, quien aseguró que los alquileres a corto plazo no representan una crisis de vivienda en Puerto Rico.
De otro lado, Miguel Vega, presidente de la junta de directores de la PRHT enfatizó que la mejor manera para trabajar con el modelo de los Airbnb es que ‘’tengan que cumplir con los mismos requisitos de calidad, seguridad y responsabilidad contributiva que las hospederías legalmente patentadas’’.
En tanto, Vega denunció un ‘’crecimiento desmedido y descontrolado de los alojamientos a corto plazo por falta de regulación efectiva y fiscalizable que nos ha llevado a una competencia desleal e injusta, falta de vivienda asequible para nuestros residentes, gentrificación y disputas comunitarias por el descontrol existente’’.
La PRHT actualmente acoge 91,500 empleos directos e indirectos.
Finalmente, Melissa Montero, presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico endosó la medida y recomendó que la regulación establecida en el PC 1557 sea fiscalizada, de forma efectiva, para asegurar que todas las personas o empresas que operen a una mayor escala estos arrendamientos tengan la visibilidad y cumplan con requisitos mínimos para poder operar estos alquileres.
